En pocas horas, desde que se anunció el protocolo de intenciones, las redes y medios online se han llenado de comentarios sobre el Sistema Institucional de Protección (SIP) iniciado por Caja Mediterráneo, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria.
Es comprensible que existan incertidumbres, como ocurre en cualquier situación de cambio. Pero las bases de la iniciativa están muy claras, y ya es posible despejar algunas de las incógnitas planteadas por los usuarios de la Web 2.0.
A la vista de vuestros comentarios, hemos identificado, al menos, cuatro preguntas sobre las causas de la fusión y sus consecuencias en Caja Mediterráneo a las que podemos responder ahora mismo:
1. ¿Tenía Caja Mediterráneo problemas de solvencia?
Tal y como mostraron nuestros resultados, las magnitudes medias superan a la media del sector y durante los últimos meses se han tomado decisiones importantes para adaptar la entidad al momento que vivimos.
Ahora bien, la situación del mercado financiero aconseja que las cajas ganemos tamaño para acceder a los recursos de manera más competitiva. Así lo estipulan los acuerdos de Basilea III.
Y esa es la razón por la que unimos fuerzas Caja Mediterráneo, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Para fortalecer la solvencia de nuestras entidades. Para servir más y mejor aún a nuestros clientes y contribuir a la sociedad con nuestra obra social.
2. ¿Están en riesgo los puestos de trabajo en Caja Mediterráneo?
No. Durante todo el proceso Caja Mediterráneo siempre ha tenido muy clara una premisa: cualquier acuerdo debía asegurar el menor impacto social y debía tener como prioridad la protección del empleo. Esta es una de las grandes ventajas del SIP acordado por Caja Mediterráneo.
Con el acuerdo alcanzado, cada entidad mantiene los niveles de empleo en sus redes de oficinas y se asegura que el impacto sea mínimo. Fortalecemos nuestras entidades, tenemos más oportunidades y apostamos por el empleo.
3. ¿Creará la fusión una entidad más eficiente, de verdad?
Ese es el objetivo del proceso iniciado. Y la verdad, todos los indicadores de la entidad resultante apuntan a que el nuevo grupo es una de las entidades más eficientes y más solventes del sistema financiero español. Los datos así lo indican: partimos con un volumen de activos por encima de los 135.000 millones de euros, con un volumen de negocio de 177.000 millones de euros y unos recursos propios computables de más de 10.000 millones de euros. Además, partimos con un ratio de solvencia algo superior al 12%.
Y sobre todo, nos encontramos con una entidad más fuerte gracias a la unión de esfuerzos: el tercer grupo financiero de cajas de España y el quinto grupo del sector financiero español. Manteniendo la independencia de cada uno de los participantes, pero juntos y coordinados para permitir mayores oportunidades para empresas, familias en las redes existentes y con mayores posibilidades en territorios tan importantes como Madrid, Cataluña, Andalucía o Galicia.
4. ¿Qué pasará con la Obra Social de Caja Mediterráneo, sobre todo, en la Comunidad Valenciana?
El acuerdo prevé que cada entidad mantenga la independencia en su Obra Social, con lo que el compromiso con la Comunidad Valenciana está más que vigente. Mantendremos nuestra actividad en tantos lugares de la Comunidad, con nuestro foco en hacer de la nuestra una sociedad más justa, más integrada, socialmente responsable y medioambientalmente comprometida.
Pero la realidad es que la Obra Social de Caja Mediterráneo tiene en este acuerdo una gran oportunidad. La suma de esfuerzos hará que las Obras Sociales de las entidades participantes se vean potenciadas y eso es muy positivo para la labor que realizamos. En la Comunidad pero también en otras comunidades autónomas e incluso en el extranjero.

2 comentarios hasta el momento
Cuando dices que NO va a afectar en los puestos de trabajo, ¿qué va a ocurrir realmente con la gente de los servicios centrales? ¿Van a mantener realmente sus puestos de trabajo?
Muchas gracias por tu comentario. Para Caja Mediterráneo, asegurar que el impacto social de la fusión sea el menor posible ha sido una premisa en todo el proceso. Es demasiado pronto para observar situaciones concretas, como los servicios centrales, pero la protección del empleo es una prioridad.
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